¿ES VÁLIDA LA INSPECCIÓN JUDICIAL VIRTUAL EN UN PROCESO DE PERTENENCIA? LO QUE EXIGE EL CGP SEGÚN EL TRIBUNAL DE BOGOT
Un proceso de pertenencia en Bogotá se admitió en abril de 2019 y tuvo sentencia en junio de 2024. Un mes después, el Tribunal Superior de Bogotá lo anuló desde la inspección judicial, porque la juez la practicó por videollamada. Más de cinco años de trámite tendrán que rehacerse en parte. El error no estuvo en la posesión ni en los testigos, sino en la forma de practicar la prueba.
Respuesta corta: en un proceso de pertenencia, el juez debe practicar personalmente la inspección judicial del inmueble (art. 375-9 CGP). Solo puede hacerla virtualmente si una razón territorial u otra causa lo justifica (art. 171 CGP). Sin esa justificación, la prueba se tiene por omitida y el proceso es nulo (art. 133-5 CGP).
Por qué importa: la pertenencia y la prueba que el legislador no dejó a elección del juez
La declaración de pertenencia es el proceso con el que un poseedor convierte su posesión en propiedad por prescripción adquisitiva de dominio (usucapión). Lo regula el artículo 375 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). Como la sentencia afecta a personas que no fueron citadas una por una (herederos indeterminados y “demás personas que se crean con derechos”), la ley rodea el trámite de garantías especiales: emplazamiento, valla o aviso en el predio, inscripción de la demanda y una inspección judicial obligatoria.
El numeral 9 del artículo 375 es tajante: el juez deberá practicar personalmente la inspección para verificar los hechos de la posesión alegada y la instalación adecuada de la valla o aviso. No es una prueba que las partes puedan pedir o no. Es un requisito del proceso.
El marco normativo en tres normas
| Norma | Qué establece | Efecto práctico |
|---|---|---|
| Art. 375-9 CGP | Inspección judicial personal y obligatoria en pertenencia | Sin ella, falta una prueba legalmente obligatoria |
| Art. 171 CGP | El juez practica personalmente todas las pruebas; solo si no puede hacerlo “por razón del territorio o por otras causas” usa videoconferencia u otro medio que garantice inmediación, concentración y contradicción. Además, le prohíbe comisionar inspecciones dentro de su propia sede | La virtualidad es la excepción y debe justificarse |
| Art. 133-5 CGP | Es causal de nulidad omitir la práctica de una prueba que según la ley sea obligatoria | La consecuencia de la omisión es invalidar lo actuado |
A esto se suma la Ley 2213 de 2022, que dejó como regla permanente el uso de tecnologías de la información en la justicia. Su artículo 7 permite hacer audiencias por medios virtuales. La pregunta es si esa norma general autoriza al juez a cambiar la visita al predio por una transmisión en video.
El caso: una inspección “híbrida” con el juez detrás de la pantalla
En el proceso (rad. 11001-31-03-005-2019-00209-01, Juzgado 5.º Civil del Circuito de Bogotá), la juez anunció que haría la inspección “con uso de los mecanismos tecnológicos”. Ordenó que el perito y el apoderado del demandante estuvieran físicamente en el inmueble, con “un celular de buena resolución” para mostrar la valla y los linderos. La curadora ad litem (auxiliar de la justicia que representa a los demandados ausentes) podía asistir o conectarse.
El Tribunal resaltó la paradoja: todos debían estar en el predio, menos la funcionaria que tenía que percibirlo directamente.
La sentencia de primera instancia negó las pretensiones y el demandante apeló. Al hacer el examen preliminar del expediente (art. 325 CGP), la magistrada sustanciadora advirtió la nulidad de oficio.
Qué razonó el Tribunal
1. La inspección es la prueba central de la pertenencia
Con apoyo en la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Civil, SC3271-2020), el auto recuerda que la posesión es ante todo un hecho material. Los títulos, los linderos registrales y los sistemas catastrales suelen estar desactualizados o ser confusos. Por eso la inspección es el medio para que el juez tenga una percepción directa del hecho que genera la posesión.
Con base en la doctrina procesal (Miguel Enrique Rojas Gómez), el auto enumera para qué sirve la diligencia:
- Verificar que la posesión alegada es real y que el bien inspeccionado es el mismo descrito en la demanda (a veces con ayuda de un perito topógrafo).
- Comprobar que la valla o el aviso esté bien instalado y se haya conservado, ya que de eso depende que el emplazamiento de los indeterminados funcione.
- Practicar en el sitio las demás pruebas útiles, y de ser posible, decidir allí mismo.
- Hablar con los colindantes, en lugar de quedarse solo con los testigos que trae el demandante.
2. Dar instrucciones no es dirigir la prueba
La juez sostuvo que no se violaba la inmediación, porque era ella quien practicaba la prueba “a través de los medios tecnológicos”. El Tribunal no lo aceptó. Como la juez no conocía el entorno del inmueble, quien sostenía la cámara decidía qué se veía y qué no. Cuando la juez pidió enfocar “una placa”, no precisó cuál. En la práctica, la parte interesada controló la diligencia.
3. La Ley 2213 no deroga el art. 171 CGP
El artículo 7 de la Ley 2213 de 2022 debe leerse en armonía con el artículo 171 del CGP. La virtualidad procede cuando hay una razón que impide la presencia del juez. En este caso no la había: el predio estaba en la misma sede del juzgado, dentro del perímetro urbano de Bogotá, no era de difícil acceso y no se alegó ningún problema de orden público.
4. Hay un riesgo para la imparcialidad
Si el juez no va al predio, pierde la posibilidad de oír de forma espontánea a vecinos o a personas presentes que podrían confirmar o desmentir la posesión. La calidad de la prueba se resiente, “especialmente si quien permite el recorrido… es el mismo interesado” en ganar el proceso.
5. Decisión
El Tribunal declaró la nulidad de lo actuado desde la inspección del 20 de marzo de 2024, inclusive. Eso incluye la sentencia. Ordenó al juzgado rehacer la actuación y conservó la validez de las demás pruebas bien recaudadas (art. 138, inc. 2, CGP).
No es un caso aislado: una línea en formación
El mismo Tribunal ha decidido en igual sentido en otros asuntos, entre ellos un auto del 23 de agosto de 2024 (M. Jorge Eduardo Ferreira Vargas, rad. 11001-31-03-026-2019-00126-01, sobre una inspección hecha por Microsoft Teams) y otro del 17 de octubre de 2025 (rad. 11001-31-03-013-2014-00491-03).
Hay matices entre esas decisiones, y conviene leerlos como criterios interpretativos:
- Lectura flexible (auto de 2024-00209): la inspección virtual sí cabe si se acreditan las razones del art. 171 CGP (territorio, acceso, orden público). Lo que anula es no justificarla.
- Lectura estricta (auto del 23 de agosto de 2024, según reseñas): la regla especial del art. 375-9 concreta el principio de inmediación y prevalece sobre la regla general de medios tecnológicos.
- Posición doctrinal contraria: el auto reconoce que parte de la doctrina (Canosa Torrado) considera que omitir esta prueba no genera nulidad. La magistrada se aparta de esa tesis de forma expresa.
Queda abierta una discusión de fondo: si la causal del art. 133-5 se sanea cuando las partes participaron en la diligencia sin objetar (art. 136 CGP).
El ángulo financiero: lo que cuesta una nulidad
En pertenencia, el tiempo vale dinero. Mientras no haya sentencia en firme, el poseedor no puede vender, hipotecar, aportar a una fiducia ni usar el inmueble como garantía a precio de mercado. Cada año de trámite es capital inmovilizado.
Como ejercicio ilustrativo (cifras hipotéticas, no del caso): sobre un inmueble de $800 millones, con un costo de oportunidad del 10 % efectivo anual, dos años más de proceso equivalen a cerca de $168 millones de valor no capturado [800 × (1,10² − 1)]. A eso se suman honorarios, nuevos peritajes y el riesgo de que cambien los hechos (la posesión, la valla, los colindantes).
Para constructores y promotores que sanean títulos de predios con posesiones antiguas antes de desarrollarlos, una nulidad de este tipo afecta el cronograma, el cierre financiero y la negociación con quienes financian el proyecto. Es el mismo trabajo de saneamiento predial que exigen las operaciones de adquisición y expropiación de predios.
Cómo lo aborda A&A: errores frecuentes que conviene evitar
En los procesos de derecho urbanístico e inmobiliario revisamos la inspección judicial como un punto de control del proceso, no como un trámite más:
- Pedir la inspección presencial por escrito, tan pronto se decrete, si el juzgado anuncia una modalidad virtual sin dar razones.
- Dejar constancia en la diligencia de cualquier objeción a la modalidad remota, para no exponerse a la discusión sobre el saneamiento.
- Preparar el predio y la prueba: valla visible y conservada, linderos identificables, fotografías desde la instalación, perito topógrafo cuando la identidad del bien sea discutible.
- Anticipar a los colindantes: su versión espontánea puede pesar más que la de los testigos de parte.
- Si usted es demandado u opositor: revise si la inspección se hizo a distancia sin justificación. Puede ser un argumento de nulidad en la apelación.
- Medir el costo del retraso: con apoyo de ingeniería financiera, cuantificamos el impacto de cada escenario procesal para decidir con datos.
Cuando un retraso desproporcionado se debe al funcionamiento de la administración de justicia, también puede analizarse la vía de la responsabilidad del Estado (Ley 270 de 1996). Esa evaluación depende del caso y no hay un resultado garantizado.
Conclusión
La tecnología llegó para quedarse en la justicia colombiana, pero no reemplaza la presencia del juez donde la ley la exige. En pertenencia, la inspección personal del inmueble es una garantía para el demandante, para los demandados indeterminados y para terceros. Si se cambia por una videollamada sin justificar, se pone en riesgo todo lo actuado desde ese momento, sentencia incluida.
Para quien demanda, la lección es concreta: exija una inspección bien practicada, porque una sentencia que no la tiene puede anularse.
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Este artículo es información general y no sustituye la asesoría jurídica sobre un caso particular.
Preguntas frecuentes
¿Se puede hacer la inspección judicial por videollamada en un proceso de pertenencia? Solo de forma excepcional. El art. 171 del CGP permite usar medios virtuales cuando el juez no puede asistir por razón del territorio u otras causas, siempre que se garanticen la inmediación y la contradicción. Si el predio está en la sede del juzgado y no hay obstáculos, la inspección debe ser presencial.
¿Qué pasa si el juez no practica personalmente la inspección judicial? Se configura la nulidad del art. 133-5 del CGP, por omitir una prueba legalmente obligatoria. El superior puede anular lo actuado desde la diligencia, sentencia incluida, y conservar las demás pruebas válidas (art. 138 del CGP).
¿La Ley 2213 de 2022 autoriza las inspecciones judiciales virtuales? La Ley 2213 permite hacer audiencias por medios tecnológicos (art. 7), pero según el Tribunal Superior de Bogotá debe leerse en armonía con el art. 171 del CGP. No basta con que exista la herramienta: hay que justificar por qué el juez no puede ir.
¿Qué verifica el juez en la inspección de un proceso de pertenencia? Que la posesión alegada sea real, que el inmueble corresponda al descrito en la demanda y que la valla o aviso esté bien instalado y se haya conservado. También puede oír a vecinos y colindantes y practicar otras pruebas en el sitio.
¿Cuánto puede retrasar una nulidad un proceso de pertenencia? Depende del juzgado, pero obliga a repetir la inspección y las actuaciones posteriores, incluida la sentencia. En el caso analizado, la demanda se admitió en 2019 y la nulidad se declaró en 2024.